Una mirada mediática y legal a los incendios forestales en Bolivia

Por Isabel Panozo y Karen Garabito

Debido al resurgimiento de los incendios forestales en la región amazónica, Bolivia se ve envuelta nuevamente en una polémica que involucra aspectos políticos y sociales además del factor ambiental. Las posturas ideológicas y la falta de involucramiento gubernamental alimentan la incertidumbre en la población ante un problema que se repite constantemente en la región y que no se detiene pese a las constantes quejas y llamados a la acción. Ante esto, en este artículo nos proponemos hacer un análisis crítico de esta temática, analizando el rol de diversos actores, entre organizaciones gubernamentales, activistas y grupos de la sociedad civil, así como las leyes que tienen efecto con relación a la permisividad de los chaqueos, un agravante del problema, y el papel de los medios de comunicación, destacando cómo influyen en la percepción pública de estos eventos.

A diferencia de la información de pérdidas de bosques difundidas en medios y por parte de personalidades en Internet, las leyes tomaron relevancia con el nivel de desastre este 2024 y ante la falta de reacción inmediata del gobierno. Todo esto provocó que la población se pregunte ¿Hay leyes que protejan y llamen a la acción inmediata en caso de incendios de magnitud o desastre natural?

En esta parte no nos pondremos muy técnicos en cuanto a las leyes y su explicación detallada, pero sí daremos una mirada a lo que existe en el paquete de leyes existentes hasta el momento en relación a desastres naturales, y partiendo de eso: Nos adentraremos en la ley 602 de Gestión de Riesgos, que menciona que tanto el Estado como instituciones afines y/o privadas deben realizar acción inmediata en caso de desastre natural para resguardar la integridad de las personas. Como segundos en reaccionar debe ser el Ministerio de Defensa y entre otros sectores relacionados. Esta ley promulgada y aprobada en 2014, establece cuáles son las instituciones y autoridades que deben reaccionar en caso de desastre natural, además de las acciones posteriores para la debida restauración. 

Las personas únicamente notaron los primeros meses de desastre a los bomberos y centros de rescate ser los primeros en reaccionar y luego, pasadas las semanas si no es que meses después, notaron la participación activa de autoridades y ministerios. Esto provocó un quiebre en la ignorancia generalizada de las leyes que protegen el medio ambiente y despertó el interés popular. 

Entre las leyes que más se mencionaron en redes sociales, medios de comunicación y protestas fueron las que protegen y facilitan los así llamados “chaqueos” y desmonte; entendido como la manipulación de tierra virgen para su posterior uso en actividad agrícola: 

1. Ley 741 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en propiedades privadas para la expansión agrícola. Hecho que al pasar los años la cantidad de hectáreas utilizadas para actividad agrícola es menor a la cantidad de hectáreas incendiadas y desmontadas.
2. Ley 337 que exime del pago de multas y proporciona un pago único a todas las personas por desmontar en caso de realizar actividad agrícola por cada 20 hectáreas.
3. Leyes 502, 739, 952 y 1171 otorgaban un perdón oficial a todos aquellos que desmontaron sin justificación hasta 2017. Además estas leyes establecieron el monto oficial a pagar como multa por cada hectárea desmontada ilegalmente que es de 1.39 Bs. 
4. Ley 1098 permite el uso de tierras deforestadas para plantas de biodiésel y etanol, todas aprobadas por el gobierno.

Todas estas leyes fueron analizadas y publicadas por distintos medios y personalidades, despertando más la furia e inconformidad del pueblo boliviano para con el gobierno. ¿Desde cuándo se aprueban leyes sin dar la apropiada comunicación de estas a la población?

El lenguaje técnico de dichas leyes pueden confundir a las personas que no son estudiados en el área legal, pero se entiende que varias de estas facilitan y protegen a cualquier persona que deforesta con la excusa de usar la tierra para uso agrícola. 

Como punto final, y por ende el más cuestionado al gobierno y a las leyes, es el de declaración de desastre natural. Precisamente es en la ley 602, artículo 32, donde se dispone que la declaración de desastre natural tendrá una duración de nueve meses desde su emisión y establece que se deben destinar fondos y realizar contratación de servicios bajo este justificado.

Para no ahondar más en tecnicismos, las leyes existentes se contradicen entre sí respecto de las acciones y consecuencias para con los responsables, además de dejar una clara ineficiencia en la cámara de diputados en los últimos 15 años. Dejándonos como resultado la pérdida de miles de hectáreas en un contexto en el que las personas al mando tienen un conflicto propio político, que exime a los responsables si se utiliza una defensa bajo las leyes expuestas anteriormente, dejando un vacío legal sin resolver y de esta forma continuando con el sin fin de contradicciones en leyes no actualizadas.

En los últimos años, diversos actores han jugado un papel en la historia de los incendios forestales en Bolivia, siendo los medios la fuente de información principal por la cual la población se mantiene al tanto de estos eventos. El contenido que los rodea es diverso, y en ese contexto participan desde organizaciones gubernamentales hasta activistas ambientales y grupos de la sociedad civil; en ese sentido, no se puede ignorar el elemento político de este fenómeno, que debido a los incendios ha provocado un acalorado debate.

En un análisis cuantitativo y cualitativo, realizado bajo la tutoría de Juan Luis Gutiérrez en 2023, se prestó atención a quiénes son los protagonistas detrás de la información compartida, es decir, los líderes de opinión y difusión de este tema en específico, encontrando entre ellos a Ríos de Pie, Organizaciones Gubernamentales, Daniela Pol, Andrea Barrientos, Brissa Pabon, y diferentes medios de comunicación (El Deber, Correo del Sur, La Razón, etc.). Estos actores se encargaron, en mayor o menor medida, de compartir información que abarca una amplia gama de preocupaciones, que también están presentes este 2024: En primer lugar, se destaca el daño al medio ambiente, con especial énfasis en la contaminación del aire y la salud, en paralelo a la pérdida de hábitats naturales, la deforestación y efectos en la fauna y la biodiversidad. En segundo lugar, las discusiones sobre la respuesta del gobierno son otro punto en tendencia, ya que se debate constantemente la efectividad de las políticas gubernamentales, la transparencia en la información proporcionada y la responsabilidad de las autoridades en el manejo de la crisis de incendios.

Tanto los medios (temporalmente) como las redes sociales han servido como un reflejo dinámico de las preocupaciones, percepciones y demandas de la población boliviana frente a los incendios en el oriente del país, que este año extienden sus efectos en la gran mayoría del
territorio Boliviano, alertando a una mayor cantidad de público. Sin embargo, este eco de preocupación se ve empañado por la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades gubernamentales, la cual ha sido criticada por su insuficiencia, los constantes retrasos en la toma de medidas que han causado efectos en más de 10 millones de hectáreas, y la falta de transparencia en las declaraciones sobre los impactos y las estrategias de mitigación; y ha generado un clima de desconfianza y escepticismo hacia las autoridades.

La solidaridad manifestada, como en la recolección de insumos o el apoyo a los bomberos, se ve empañada por la sensación de falta de apoyo por parte de las autoridades y la frágil memoria de la población, debido a que, actualmente, se ve envuelta en otros conflictos sociales (que además son foco de atención de gran parte de medios tradicionales) que le impiden concentrarse en un problema tan grande como el de los incendios forestales . La constante batalla de las ideologías políticas en los canales de difusión de información, mantiene vivos debates acalorados y conversaciones marcadas por el odio relacionadas o no al tema ambiental; y dificultan la consolidación de esfuerzos colectivos para abordar la problemática de manera unificada, desviando la atención de las acciones concretas que podrían generar un impacto positivo.