CIUDADANOS TOMAN LAS CALLES CON EL ANILLAZO PARA EXIGIR CAMBIOS ESTRUCTURALES Y ADELANTO DE ELECCIONES

Por Edgar García

Miles de ciudadanos entre los que figuran representantes de instituciones de Santa Cruz tomaron el segundo anillo para expresar su descontento con la administración gubernamental del presidente Luis Arce y exigir medidas urgentes para enfrentar las crecientes crisis económicas y sociales que afectan al país. El documento divulgado al final de la tarde pide adelantar las elecciones previstas para agosto de 2025.

Bajo el lema “Por una nueva Bolivia”, los organizadores destacaron la necesidad de un cambio profundo en las políticas públicas, señalando que el modelo político vigente ha llevado al país a la dependencia económica, el estancamiento y el incremento de la desigualdad, según se lee en el “Manifiesto Publico Ciudadano” divulgado este martes.

En el marco del manifiesto presentado durante la movilización, los ciudadanos hicieron énfasis en los siguientes puntos:

• Eliminación del monopolio de YPFB: Los manifestantes exigieron la apertura del sector hidrocarburos a la inversión privada, promoviendo un mercado competitivo y sostenible que garantice el abastecimiento de combustibles en el país.
• Reformas económicas: Se denunció la falta de dólares, la crisis de combustibles y el déficit fiscal como principales síntomas de una administración estatal deficiente.
• Adelanto de elecciones nacionales: Los organizadores consideran que el gobierno del presidente Luis Arce ha demostrado incapacidad para administrar el Estado y demandan que se convoque a elecciones anticipadas para dar paso a un nuevo liderazgo.
• Unidad de la oposición: Instaron a los partidos políticos a priorizar el bienestar del pueblo por encima de intereses personales, promoviendo una agenda común para reconstruir el país.

El Decreto Supremo 5271 también fue objeto de rechazo durante el ‘Anillazo’. Según el manifiesto leído, esta norma carece de seguridad jurídica y confianza para los inversores, al tiempo que evade las responsabilidades constitucionales del Estado al transferir competencias al sector privado sin establecer garantías para su correcta implementación.
El Decreto Supremo 5271, emitido por el Gobierno de Bolivia, autoriza de manera excepcional la importación y comercialización privada de gasolina y diésel durante un año. 

Esta medida permite a personas naturales y jurídicas importar estos combustibles, no solo para uso personal sino también para su venta en el mercado interno.