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Por Edgar García
En 2023 se registraron en Bolivia 221 casos de violencia, extorsión y otros tipos de vulneraciones en contra periodistas bolivianos, mientras que el 45% de 152 trabajadores de medios de comunicación consultados ganan menos que un salario mínimo nacional. Eso sumado a que hay publicidad gubernamental sólo para los que son benévolos con el poder. Todo ello configura un escenario en el que queda mucho camino por recorrer antes festejar este viernes, Día Internacional de la Libertad de Prensa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe «Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia», en el que señala que la polarización política que afecta la libertad de expresión, denuncia hostigamiento y agresiones físicas y verbales, violencia contra periodistas durante marchas y protestas, exceso de la fuerza policial en estas coberturas, falta de diligencia en la investigación y de sanción contra los responsables de agresiones y amenazas para que se revelen las fuentes.
Estas afirmaciones se confirman con los datos que proporcionan representantes de gremios periodísticos. Por ejemplo, la presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, aseveró que el periodismo atraviesa un momento crítico en su ejercicio, “debido al incremento de los casos de vulneración y violencia ejercida contra trabajadores de la prensa en los últimos años. Eso se acrecentó en el último tiempo en Bolivia y pone en cuestionamiento las garantías que la Constitución y las leyes otorgan para el ejercicio de la libertad de prensa en el país”.
De acuerdo a los datos obtenidos por la ONG Unitas, en un estudio realizado en el marco de un convenio de cooperación con la APLB, explicó Alanes que “hemos terminado el 2023 con 221 vulneraciones a la libertad de prensa de diferente orden. Un importante porcentaje tiene que ver con actos de violencia directa ejercida contra personal de los medios durante coberturas”, informó.
Pero esas agresiones van más allá. “Por ejemplo, en el recuento está el amedrentamiento que sufrió el colega Guider Arancibia de EL DEBER, por difundir una investigación que vinculaba a la familia Lima Lobo con actividades ilícitas del narcotráfico. La vulneración escaló a tal nivel que la agresión se hizo manifiesta directamente con una visita a la redacción del periódico. Esas circunstancias antes no se registraban”.
Mencionó también casos como la convocatoria directa de un candidato a Defensor del Pueblo, con comprobados vínculos con el Movimiento al Socialismo (MAS), “que incentivaba directamente a quemar medios de comunicación como EL DEBER o el canal Unitel. Ese tipo de vulneraciones están registradas, además de ataques directos a periodistas en coberturas. Pareciera además que los medios se han convertido en blanco de ataques directos de los policías. Antes había protección, pero ahora pareciera que hay orden de reprimir a los comunicadores”.
La presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Maggy Talavera, consideró que el periodismo atraviesa una situación “muy complicada, lo vemos no sólo en Bolivia, sino en la región. Las amenazas son más directas. En cualquier rincón del país donde un periodista vaya puede estar en serio riesgo porque afines a los sectores divididos del MAS, están dispuestos a agredir a cualquier compañero que va en busca de noticias. Eso se hizo carne también con otros sectores políticos y de la población, en el ámbito vecinal o sindical. Hay un deterioro muy grande de las libertades, pero que nos afecta particularmente a nosotros por el tipo de trabajo que hacemos”.